Profesora Instituto de Estudios Políticos
El pasado 8 de julio (2009), el presidente Álvaro Uribe autorizó a la senadora Piedad Córdoba para facilitar la liberación de personas secuestradas por la FARC, eso sí con “algunas condiciones”, entre ellas, que la liberación sea de los 24 rehenes de la fuerza pública que aún permanecen en poder del grupo guerrillero, y que sean entregados los cuerpos de las tres personas que murieron en cautiverio, esto con el fin de acabar con lo que el presidente considera un “show político”.
Esta decisión que está claramente tomada por el guerrero y no por el humano, no es de extrañar, pero sí de cuestionar en un país que, en cabeza de su mandatario, ha tomado la mala costumbre de desconocer a las víctimas. Una vez más la pugna por el poder y el ansia de continuar legitimando un programa como el de la seguridad democrática, pasa por encima de seres humanos que están padeciendo, en condiciones infrahumanas, los rigores de una guerra a la que muchos no apostaron. Existe una absoluta invisibilización de quienes son los principales implicados en este asunto, los secuestrados y sus familias. Me pregunto ¿qué siente una esposa, una madre, un hijo al escuchar que el presidente de un país al cual se pertenece no autoriza una acción que quizás sea la única posibilidad de que el esposo, hijo o padre, salga de una selva en la que ha desperdiciado su vida durante desde hace 8, 9, 10 y hasta más años?
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