El Estado de Opinión como discurso

Adrián Restrepo Parra

Instituto de Estudios Políticos

El Presidente de la República instaló las sesiones del Congreso el 20 de julio pasado. De las palabras pronunciadas por el mandatario en ese evento, llama particularmente la atención el énfasis puesto en una categoría que, días antes, no pasaba de ser una “frasecita política”, como en su momento el profesor Fabio Giraldo denominó a la siguiente afirmación del Presidente: “la fase superior del Estado Social de Derecho es el Estado de Opinión”. En el texto leído por el Presidente en el Congreso, el Estado de Opinión cobró un lugar protagónico para justificar el carácter democrático de las Instituciones estatales ¿por qué “la frasecita política” dejó de ser una frase tirada a la audiencia de los medios de comunicación y pasó a convertirse en un discurso? La respuesta a esta pregunta permite avizorar el sentido de la democracia para el actual Gobierno y, especialmente, las acciones que la autoridad gubernamental pretende realizar bajo el manto de la legitimidad democrática.

1-La inducida polisemia del Estado de Opinión

La exótica categoría del Estado de Opinión (en mayúsculas) adquiere por lo menos tres matices en el texto pronunciado por el Presidente en la instalación del Congreso. El primer sentido alude al derecho del pueblo para manifestarse ante los gobernantes. En esta perspectiva, la opinión no sólo es la voz del pueblo, sino también el derecho que tal conglomerado ha ganado para expresar sus posiciones ante el ejercicio del poder soberano. El Estado de Opinión, según esta versión, permite la separación de los poderes y el control del Soberano por los ciudadanos al ceder derechos al pueblo para que éste pueda manifestarse ante las decisiones de los gobernantes.

El Estado de Opinión, fundado en el derecho del pueblo para manifestarse ante el poder, permite, en palabras del actual Gobierno, que aflore la controversia entre las ramas del poder. Acá empieza a figurarse la segunda acepción del término, para lo cual toma de la primera definición el derecho del pueblo a manifestar su propia opinión y, por este medio, controvertir las decisiones del poder, este rasgo lo aplica el Gobierno a las relaciones entre los poderes que constituyen el Estado.

En consecuencia, la segunda acepción que deviene del Estado de Opinión consiste en que cada rama del poder es autónoma porque puede manifestarse por iniciativa propia ante las otras ramas que conforman el Estado. La autonomía de las ramas del poder y su derecho a manifestar su opinión sobre asuntos públicos no está exenta de polémica, según la presentación que hizo el Gobierno, por ello acatar una orden de las ramas del poder dista de guardar silencio. Para el Gobierno, las decisiones públicas si bien deben ser acatadas, aún en esas circunstancias, prevalece el derecho a manifestar la opinión; con mayor razón si la orden que debe acogerse es considerada injusta por quien tiene que acatarla.

En otras palabras, el Gobierno considera que las decisiones del poder deben ser controvertidas cuando haya fundamento para la polémica. Cabe anotar que en el texto leído por el Presidente en el Congreso, los ejemplos que el Gobierno presentó sobre controversias de decisiones de las ramas del poder carecen, particularmente, de referencia sobre el derecho a polemizar las decisiones del Gobierno ¿habrá sido un olvido?

La tercera definición del Estado de Opinión está referida al mapa de la pluralidad política, es decir, Estado de Opinión es contar con el derecho para elegir entre diferentes tendencias políticas. Según esta versión, también elaborada por el Gobierno, el Estado de Opinión permite la manifestación de distintas tendencias políticas en la sociedad y su eventual elección para hacer parte del Estado. En esta última definición, el Estado de Opinión es democrático porque permite la expresión de diferentes tendencias políticas; más allá del partido único.

El Estado de Opinión aparece como una categoría polisémica que cuenta con tres definiciones: derecho del pueblo a la expresión, derecho a la controversia de las decisiones del poder y derecho a la pluralidad política. Dicha polisemia no es propiamente un defecto del concepto en su construcción histórica (pues al parecer la historia de este concepto empieza con este Gobierno), sino más bien un atributo que permite al actual Gobierno, bajo el manto de la democracia, justificar sus acciones –las pasadas y las venideras- para preservar su condición de poder.

2- Del hecho… al dicho

Las tres definiciones del Estado de Opinión no son postuladas por el Gobierno simplemente como un deber ser, aparecen, más bien, como logros del Gobierno en el horizonte de consolidar la democracia en Colombia. De acuerdo con esta óptica, el discurso del Estado de Opinión más que una utopía remite a una realidad concreta: los resultados democráticos consolidados por este Gobierno. Afirmación que estaría entonces sustentada en que el Gobierno no sólo permite la expresión del pueblo por medio de la prensa, sino también porque el Gobierno mismo es la encarnación de la opinión del pueblo puesta en las urnas. Es el Gobierno elegido por las mayorías, representa, por tanto, la voz del pueblo.

Este Gobierno también vendría a ser democrático porque promueve la controversia sin dejar de acatar los dictámenes de las autoridades estatales. De allí que, por ejemplo, las polémicas del Gobierno con las altas cortes no sean actos de desacato o la creación de un ambiente para deslegitimar las decisiones que restringen el poder del ejecutivo. ¡No! Según el Gobierno ello, por el contrario, hace parte del fortalecimiento del ambiente democrático.

Asimismo, debería inferirse que este Gobierno también sería democrático porque ha brindado seguridad para que las distintas tendencias políticas desarrollen sus campañas y, si las urnas los autorizan, constituyan parte del Estado. En esa medida, el trato tipo “aplanadora” que el Gobierno ha dado a la minoría política en el Congreso, el asedio a la oposición política por aparatos de inteligencia militar adscritos al ejecutivo, entre otros aspectos, entrarían como accesorios de poca monta al lado del principio democrático de la pluralidad de partidos.

El Estado de Opinión como discurso funciona tanto para adecuar los hechos a los valores democráticos como para persuadir al público de que las acciones de este Gobierno siempre estuvieron guiadas por esos valores que ahora, de manera sistemática y bajo la aparente rigurosidad conceptual, son presentados como los parámetros de actuación seguidos por el Gobierno en la procura de consolidar la democracia. De aceptarse este efecto del discurso presidencial, la oposición política y los críticos del Gobierno sólo les resta presentar al huésped de la casa de Nariño un largo pliego de excusas por haberle lanzado temerarias acusaciones sobre el carácter antidemocrático del actual régimen político.

3-Los sedimentos del Estado de Opinión

Los distintos tintes del Estado de Opinión en el discurso presidencial tienen en común que remiten a la idea de Estado y de democracia que el actual régimen viene estableciendo y en los cuales perseverará. Las palabras conllevan líneas de acción, insinúan realidades con presencias y ausencias, conforman las representaciones sociales de un orden determinado que, para el caso, un poder persiste en implementar.

El Estado de Opinión como fase superior del Estado Social de Derecho, conduce los ideales democráticos a su mínima expresión y quizá más allá si las instituciones ceden al principio de la mayoría. Por un lado, el carácter social del Estado desaparece en este discurso al enfatizar en el derecho de expresión y prensa, derechos que obviamente son fundamentales en una democracia; pero no pueden ser equiparables a los derechos sociales y a los deberes del Estado de garantizarlos.

Y, por el otro lado, la idea de democracia aparece restringida a la decisión de la mayoría, comprometiendo seriamente la estabilidad constitucional e institucional del país. Este reduccionismo retorna el concepto de democracia a los tiempos de la segunda guerra mundial, cuando ante los excesos de las mayorías fue necesario preguntarse por el lugar y la preservación de las minorías políticas en sistemas denominados democráticos. Preocupación que cobra realce en una sociedad en guerra como la colombiana y que, por decisión de las mayorías, eligió como salida a la guerra la profundización de la misma.

Finalmente, si bien es cierto que el efecto del discurso del Estado de Opinión permite crear el clima favorable para emprender una defensa de las mayorías -las del Gobierno-, no debe tomarse tal defensa únicamente como la estrategia para fundamentar la reelección presidencial (que es cierto), el asunto es de más profundidad, y para entender la importancia de la cuestión es conveniente prestar oídos a las palabras del propio Presidente cuando afirma que lo importante es el proyecto de Gobierno más que su reelección. Efectivamente, no es sólo la figura del Presidente y su obstinación con el poder lo que está en juego, sino, y ante todo, el proyecto de sociedad que él representa y del cual el Estado de Opinión es la síntesis de la democracia que este Gobierno está dispuesto a instaurar.